Usted está dirigiendo una comisión internacional de lucha contra la impunidad en un país en donde la corrupción ha sido histórica, endémica. ¿Cómo es luchar contra la impunidad en este escenario?
Afortunadamente hemos logrado construir unas importantes líneas de investigación que ha permitido sacar adelante ya varios casos desde el mes de septiembre de 2014. Yo podría plantear ciertas dificultades que se generan cuando las estructuras están enquistadas en el poder y es un poder fáctico que siempre hace todo como más complicado, en cuanto toda acción que se va desarrollando en una investigación y puede ser de alguna forma seguida, limitada, obstruida, obstaculizada por ese poder, sin embargo, los resultados que se han presentado nos demuestran que se ha utilizado una estrategia acertada, que además sirve bastante para la situación que nos encontramos hoy, todo el apoyo social que se generó a partir de las manifestaciones del 25 de abril de 2015 y que nos dieron también mucha tranquilidad en cuanto que se desvían casi como una coraza frente a los embates que sabíamos muy posiblemente íbamos a sufrir, pero esa combinación de Ministerio Público con sus equipos de fiscales y la Cicig con sus equipos técnicos de abogados y la sociedad fortalecía toda la actividad nuestra, creo que ha dado buenos resultados en Guatemala.
¿Los casos más emblemáticos, La Línea y de cooptación del Estado son ejemplos del nivel generalizado de corrupción e impunidad que había en el Gobierno y digamos en toda la sociedad guatemalteca?
Yo creo que es una revelación de un estado de cosas que, probablemente es solo una hipótesis, todavía subsiste, porque la captura que se hace del Estado, desde hace muchos años anteriores, probablemente desde hace décadas, no logra erradicarse simplemente con la acción última que tiene que ver particularmente con los años 2012-2015, pero también en cuanto al financiamiento ilícito que tuvo ese partido para llegar al poder, todavía está vinculado a ese partido en los años anteriores al 2012, pero por lo que hemos percibido, por lo que deducimos de estas investigaciones, es probable podría hablarse de una estructura mucho más permanente en el tiempo, apartidaria. Podría ser inclusive que se pueda evadir cada mecanismo de acceso a gobiernos durante los últimos tiempos, siempre controlando de manera mucho más omnicomprensiva el poder y con alianzas coyunturales de acuerdo con los gobiernos que se van sucediendo, de manera que en la actividad nuestra consideramos que está apenas empezando, que el tema de La Línea, el caso de Contenedores, que es otro de los casos de corrupción, de una empresa española que prácticamente compra un contrato de puertos, de la terminal de contenedores por $30 millones al gobierno del presidente Pérez Molina, son expresiones que en el último caso que presentamos como cooptación del Estado, hubo muchas manifestaciones, muchas expresiones en actos de corrupción.
¿Puede ser solo la punta del iceberg, que hay un elevado porcentaje de corrupción que todavía está ahí afuera?
Es probable, pero no se han sentido en todo caso para afinar la metodología de investigación respecto de fenómenos como éste de captura del Estado. Yo creo que es muy importante para el análisis y verificaciones que debemos hacer hacia el pasado para desarrollar nuevas investigaciones.
Algunos analistas en Guatemala dicen que estamos viendo una depuración de la clase política guatemalteca y un cambio en la forma de hacer negocios entre privados y el Estado. ¿Qué piensa de eso?
Yo creo que efectivamente el hecho de revelar esta manera corrupta de relaciones entre los particulares y el Estado, y dentro de los propios servidores del Estado, ha servido como para introducir una nueva visión en el país, una confianza, una esperanza en que efectivamente es posible luchar contra la corrupción, que la corrupción no tiene que ser el denominador común de las relaciones entre los particulares y el Estado, que hay un tema siempre de bien común y de servicio público que debe de volver a ser como la guía de toda la acción de las autoridades guatemaltecas, creo que ha generado como esa nueva esperanza en lo que naturalmente hay que profundizar, porque todas esas redes que se van desarticulando no desaparecen completamente y lo que hay que tener es posibilidades de reorganización y en la acción de esas otras estructuras más profundas que pueden existir todavía en el país.
¿Cuáles son las mayores dificultades que usted ha encontrado en la lucha contra la impunidad en Guatemala y de dónde vienen las críticas principales?
Hay unas críticas que hacia principios del 2015, cuando se estaba en la discusión si debiera o no continuar la Cicig, y se esperaba la decisión del entonces presidente Pérez Molina, de prorrogarlo o no, porque llegaba a septiembre 2015, acudía mucho hacia sentimientos nacionalistas señalando que la Cicig era una modalidad de intervencionismo y, sobre esa base, algunos sectores pedían que no fuera renovada a cargo de la comisión; sin embargo, después de los hechos del 16 de abril del año pasado, esas críticas casi que desaparecieron, cuando ahora este año y particularmente con el último caso de cooptación del Estado, pero creo que, unos meses antes, habían como resurgido críticas de la misma naturaleza, argumentando por ejemplo que llevábamos la agenda de Estados Unidos y que la Cicig era un instrumento de Estados Unidos para imponer su voluntad en el país, lo que denotan críticas de esa naturaleza, las personas de las que surgen, los medios que tratan de divulgarlas, todo lo que gira en torno a señalamientos como éste que menciono, lo que hemos visto es que obedece a una estrategia de defensa que personas muy poderosas, que se encuentran vinculadas a estas investigaciones han desarrollado, que seguramente van a profundizar más en ese tiempo, que estamos en espera de la decisión del juez de garantías respecto de la vinculación o no al proceso de los 57 imputados que se encuentran en este momento en audiencia esperando esa decisión. Esas críticas, sin embargo, no afectan en realidad, sensiblemente, la actividad de la comisión porque en contrapartida hay un gran apoyo, un inmenso apoyo, de muy diversos sectores de izquierda, de derecha y de centro, porque se ha identificado, desde el principio, que la corrupción no puede tener tinte político, que la corrupción no puede ser de izquierda o de derecha y que, en esa medida, las actividades que nosotros adelantamos de investigación, no tienen en cuenta sectores, opiniones, afiliaciones de ninguna naturaleza.
Precisamente hace pocas semanas terminó en San Salvador el Foro de Sao Paulo que reúne a los partidos de izquierda del continente y una de las críticas de la izquierda latinoamericana y, en particular de la salvadoreña, ha sido que la Cicig es un ente intervencionista y un instrumento de Estados Unidos, ¿qué piensa de esas críticas y de estos sentimientos fuera de Guatemala?
Naturalmente con respeto por todas las opiniones y mucho más de lo que esperaría uno de un foro de esa calidad, como el de Sao Paulo, me parece que no conocen la realidad de Guatemala. Ni siquiera los partidos de izquierda o las organizaciones que podrían catalogarse como de izquierda en Guatemala hacen señalamientos de esa naturaleza, porque conocen la realidad del país, porque conocen que la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, no es una agenda internacional es una aspiración que ha tenido la sociedad guatemalteca, que llegó a momentos casi de resignación, porque encontraban como que ya no había ninguna forma de luchar contra esos poderes que dominaban en el país y que, entonces cuando se introducen los hechos del 16 abril, la expresión popular de la sociedad en más de 20 manifestaciones, que cada sábado hacían en la Plaza Central, en la Plaza de la Constitución, los más diversos sectores nacionales muestran que éste no es un tema de imperialismo, de política de izquierda, de derecha, sino que es una aspiración social en Guatemala para la cantidad de niños desnutridos sin educación y las condiciones materiales de muchos en el país; el tema de la corrupción es un tema que afecta muy directamente. De manera que ese respaldo tan general que la sociedad ha dado a la lucha contra la corrupción, en la que venimos empeñándonos, Cicig, Ministerio Público, es suficiente respuesta a una afirmación como esta desafortunada del Foro de Sao Paulo que le comento.
¿Usted ha encontrado o cree que podría encontrarse alguna relación de este entorno de corrupción con El Salvador u otros países de la región?
De lo que estamos en este momento, solo de estructuras de corrupción internas.
¿No han descubierto propiedades, cuentas u otros intereses fuera u otros países centroamericanos?
Estamos en verificaciones en otros países centroamericanos, pero decía que era establecer los lazos de corrupción entre redes nacionales con otras organizaciones criminales de la región, no hemos encontrado, pero naturalmente de bienes que pueden tener en El Salvador, pues sabemos que tienen en Honduras o en Panamá, en ese sentido, estamos adelantando verificaciones.
El perfil
Iván Velásquez nació en Medellín, Colombia. Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, Medellín. Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.
En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como Director Regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999). En conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.
Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. A partir del 2006 hasta agosto del 2012, el Doctor Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos”.
En el 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales.
En septiembre de 2013 fue designado como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por el período 2013-2015. El gobierno de Guatemala solicitó a Naciones Unidas la continuidad de la CICIG por otros dos años: 2015-2017.